Año 2020 en plena crisis socio-sanitaria provocada por el, tan conocido ya, COVID-19. El gobierno decide empezar a tomar medidas de regularización y agilizar los trámites, con meses de retraso en su resolución, para facilitar la entrega de permisos de trabajo en estos días. Pero remontémonos a un tiempo atrás. Las políticas de regularización de personas migrantes en España no resultan, precisamente, facilitadoras ni promueven una regularización en un periodo de corto plazo de las personas llegadas a este país.
El proceso y los trámites para comenzar esta solicitud son lentos, complicados y nada flexibles. Si a esto le sumamos las dificultades añadidas, como pueden ser el choque cultural por el cambio de contexto, las barreras de idioma y otras problemáticas adscritas al proceso migratorio, nos encontramos con un país en el que conseguir una estabilidad legal resulta, cuanto menos, complicado. Incluso tras haber superado este proceso, mantener este permiso conseguido puede resultar una tarea muy compleja. En otros casos, se puede llegar a sufrir una expulsión y poner así punto final a este trámite.
Además de los obstáculos legales que sufre una persona en trámites de regularización, nos encontramos con otros problemas como la insuficiencia de recursos de asesoramiento y apoyo social asegurado durante este proceso y el limitado alcance que tienen en la población migrante los recursos existentes. A estas cuestiones se suma que el proceso tampoco se ve facilitado por la acogida general a nivel social de la población y el desconocimiento de esta sobre cuestiones migratorias. Por todo ello, nos encontramos con un panorama poco esperanzador durante el proceso de regularización de una persona migrante.
Si hacemos un breve recorrido por los años anteriores en materia de extranjería en España y, por un momento, abrimos la mente más allá de nuestro foco principal actual, el COVID-19, trataremos de entender cómo es la dinámica española en relación a las personas migrantes. De esta forma veremos cómo todos esos valores tan sonados en estos días: la solidaridad, la unión humana o el respeto pueden verse atacados y desplazados por los principios opuestos que hemos ido desarrollando durante décadas mediante nuestra participación en este sistema capitalista basado en el individualismo.
Para llegar a la primera Ley de Extranjería de España considerada como tal tenemos que remontarnos al año 1985, cuando España entra en la Comunidad Económica Europea (de aquí en adelante CEE). España empieza a tratar de frenar los flujos migratorios que se esperan con su reciente entrada en la CEE y expulsar a aquellas personas consideradas “no comunitarias”. Es en este momento cuando aparecen términos para entonces tan desconocidos como peligrosos, como “expulsión, entrada y devolución”, como base de esta norma. También entra en juego algo que todavía hoy, 35 años después, seguimos rechazando y criminalizando por la vulneración de Derechos Humanos que provoca: los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs).
Aunque han pasado 35 años desde esta primera Ley, son muchas las coincidencias con la situación actual de la legislación en materia de extranjería. Nos encontramos ante una ley restrictiva, donde podemos leer artículos hoy en día vigentes como “Titulo.III, Art.17. La concesión del permiso de trabajo quedará condicionada, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, a que el solicitante presente contrato de trabajo por escrito o justifique documentalmente el compromiso formal de colocación por parte de la empresa que pretenda emplearlo.” o “cap. II art. 13. 4. Sólo se considerarán extranjeros residentes las personas amparadas por un permiso de residencia.”
Tras detectarse la necesidad de modificar esta ley debido a los cambios en la situación del país y los flujos migratorios aparece la Ley de Extranjería, Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, con sus posteriores modificaciones. Aunque en esta ley se añaden numerosas cuestiones que anteriormente parecían no tratarse, se sigue sin llevar a cabo una cobertura real de las necesidades de las personas migrantes y se cae, en repetidas ocasiones, en contradicciones legislativas. Por ejemplo, ese es el caso del derecho a la sanidad. En esta ley se considera que todos los extranjeros residentes tienen derecho al acceso a la seguridad social, pudiendo quedar una parte de las personas migrantes fuera de esta cobertura a pesar de que la salud es un derecho contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Otra cuestión relevante relacionada con la salud es la exigencia de la contratación de un seguro privado, aun siendo incompatible con la sanidad pública, para iniciar un trámite de regularización, fomentando así la privatización y lucrándose de este proceso.
A nivel social, tanto la aplicación de esta Ley como la anterior no produjeron una mayor protección de las personas migrantes, sino todo lo contrario. El simple hecho de que desde el 1985, que aparecen estos centros de internamiento, no existe forma de regularlos hasta el año 2014 demuestra un total abandono institucional a la población migrante. A día de hoy, aun con el reglamento de funcionamiento y régimen de los CIEs del 15 de marzo de 2014, se siguen vulnerando los Derechos Humanos de las personas internas en estos centros. Aunque desde un principio se aseguró que estos CIEs no tienen un carácter penitenciario, las condiciones de estos son totalmente privativas de libertad, así como denigrantes. Son muchos acontecimientos los que así lo demuestran, sumados a los propios testimonios de las personas que pasaron por estos centros.
Además de la existencia de CIEs, desde el punto de partida que hemos señalado (1985), encontramos unos años marcados por la xenofobia, tanto a nivel social como institucional y político. Según podemos comprobar han tenido lugar persecuciones policiales racistas, se ha promovido desde los Gobiernos de estos años vuelos de deportaciones, se han sufrido devoluciones en caliente a pesar de suponer claramente una violación de los Derechos Humanos, se han divulgado bulos que afectan directamente a la población migrante sin hacer un gran esfuerzo por frenarlos, sino fomentando el rechazo… y un largo etcétera de sucesos xenófobos. Trabas y más trabas a la población migrante. Pero hoy, una vez más, la cara más hipócrita de España sale a relucir.
Actualmente, con la gran mayoría de la población confinada en sus casas, España necesita el apoyo de las personas migrantes. España necesita el apoyo de aquellas personas que han sufrido y sufren las medidas restrictivas, el rechazo social y, en definitiva, cualquier tipo de violencia tanto física, psicológica, policial o institucional. Y, el problema principal, es que esto ocurre en un marco “idílico” de sociedad perfecta, dotada de valores y solidaridad. No faltan las banderas españolas en los balcones ni los halagos a la población por el apoyo y el respeto. No paramos de escuchar frases como “todxs a una”, “todo saldrá bien”, “estamos juntxs en esto”, etc. Pero, ¿de verdad vamos todas las personas a una?, ¿de verdad estamos todas juntas en esto?, ¿dónde están los apoyos para frenar los abusos a la población de la que hoy depende el futuro de España? En estos 35 años que contextualizamos desde el principio, son muchas las ocasiones en las que la unidad del pueblo español hubiese sido decisiva para frenar alguna de tantas injusticias sociales que han ocurrido, sin embargo, no parecía afectar a todas las personas por igual ¿Quién iba a pensar que quizá llegaría el momento en que nuestro futuro dependiese de ellas?
En el mes de febrero de este año, en la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se avalaban las devoluciones en caliente que España había llevado a cabo en Melilla, anteriormente condenadas por el mismo tribunal. También en febrero se anunciaba la preparación de una nueva versión donde se endurece la Ley de Asilo y Refugio añadiendo medias más restrictivas, al parecer, para adecuarse a la normativa europea. Pero hoy se buscan personas que apoyen en esta situación de crisis. España tiene graves problemas a nivel socio-económico que ahora busca suplir con la regularización de personas migrantes.
Esta ha sido la más clara forma de demostrar el funcionamiento de la sociedad en este país, o quizá me atrevería a decir en esta nuestra UE. Al mismo tiempo ha sido la mejor forma de desmontar el sistema en el que la población estamos inmersa. Este sistema, que se encarga de que aprendamos a “mirar nuestro ombligo” y cerrar los ojos a todo lo demás, se desmonta cuando todos los ombligos pueden verse afectados. Pero, ¿qué pasaría si hubiese un remedio contra este virus al que una minoría de la población tuviese acceso?, ¿sería tanta la implicación de la población o, una vez más, volveríamos a ese individualismo y pisaríamos a quien fuese necesario para conseguir ese remedio?
Nos encontramos en un punto clave de reflexión, donde podemos decidir si continuar promoviendo el sistema del que hasta ahora hemos sido partícipes o tratar de cambiar, paulatinamente, hacia un modelo más ético y funcional; un modelo basado en el tejido social y la diversidad, que nos permita desarrollarnos como los seres sociales que somos y poner en duda las relaciones de poder, el individualismo y la hegemonía económica. Esto no significa dejar de lado los intereses particulares, pero sí significa apostar por un modelo comunitario que permita construir objetivos comunes visibles a la población total. Hacer de las cuestiones sociales, tanto individuales como colectivas, un espacio de participación implica una visibilización de tales cuestiones y la creación de objetivos comunes. Esta es, sin duda, una gran oportunidad para desarrollar el modelo comunitario en nuestra sociedad y promover así la participación ciudadana, la democracia y la justicia social.
ENTRE SURES 